Octubre arranca en rojo: nueve muertos en intercambios de disparos con la Policía en nueve días

Los primeros nueve días de octubre dejaron un saldo de nueve personas muertas en hechos presentados por las autoridades como intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, una racha que mantiene en rojo el conteo de fallecidos en intervenciones policiales y que ya genera cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal.

El jueves 9 se sumaron tres casos a la lista: Ángel Luis González, alias «Piro Caco de Muñeca», murió en San Juan de la Maguana durante una intervención de la DICRIM, que lo buscaba por un asalto a mano armada; Carlos Alfredo Sánchez Robles, alias «Chucky» o «Jeison Mano Negra», cayó en Bonao, perseguido desde La Vega por tentativa de homicidio; y Joel Feliz Cuevas, de 19 años y conocido como «La Liebre», murió en el sector Baitoíta, en Barahona, señalado por varios robos.

En la primera semana del mes las muertes ya rondaban la decena. El 1 de octubre murieron Adolfo María Bello Heredia, alias «Jhonathan», de 39 años, en Tamayo, Barahona, y Samuel Antonio Brook de los Santos, alias «Bombita», de 22, en el sector El Brisal de San Pedro de Macorís. En los días siguientes se registraron otros decesos en el kilómetro 15 de la autopista Las Américas, en Villa Duarte de Santo Domingo Este, en Canastica, San Cristóbal, y dos en Santiago.

Según los partes policiales, los fallecidos eran buscados por homicidio, asaltos, robos a mano armada y despojo de motocicletas, y en casi todos los casos los agentes afirman que respondieron a disparos. Sin embargo, la repetición del mismo relato ha encendido las alarmas de defensores de derechos humanos, abogados y otros sectores que reclaman investigaciones independientes en cada caso.

El fenómeno no es nuevo: septiembre cerró con 55 fallecidos en hechos de este tipo, la cifra más alta registrada este año por la Policía Nacional. Mientras las autoridades sostienen que se trata de operativos de búsqueda y captura contra personas requeridas por la justicia, la sociedad civil insiste en que la reducción estadística del delito debe ir acompañada de transparencia sobre cómo mueren los perseguidos.