Cámara de Cuentas pone bajo la lupa el nuevo Código Penal y la responsabilidad de los funcionarios

Santo Domingo. — La Cámara de Cuentas de la República Dominicana abrió esta semana un espacio de formación clave para entender cómo cambia la fiscalización pública con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Se trata de la Segunda Jornada de Actualización en Derecho Público, que comenzó el martes 27 y se extenderá hasta el jueves 29 de octubre en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede institucional.

La jornada lleva por título el nuevo Código Penal y los derechos fundamentales de los auditados desde la función de control externo, y reúne a directivos, auditores y servidores vinculados a las áreas de fiscalización. La apertura estuvo a cargo del vicepresidente de la institución, Francisco Tamárez Florentino, en representación de la presidenta Emma Polanco Melo, junto a los miembros del Pleno Ramón Méndez Acosta, Griselda Gómez Santana y Francisco Franco, coordinador de la actividad.

El programa no se queda en teoría. En sus primeras sesiones, especialistas del derecho y representantes del Ministerio Público analizaron el valor probatorio de los informes de auditoría, la licitud de las pruebas y la coordinación que debe existir entre el trabajo del auditor y la jurisprudencia penal, un punto sensible cuando un hallazgo administrativo puede terminar en un proceso judicial.

La agenda continúa este miércoles 28 a partir de las 2:00 de la tarde con la conferencia de la doctora Mirna Ortiz sobre corrupción administrativa y las nuevas responsabilidades penales de los funcionarios públicos. También están previstos paneles sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen de sanciones aplicable a las contrataciones públicas.

El cierre, el jueves 29, incluye una conferencia magistral del doctor Servio Tulio Castaños y un panel con legisladores sobre el control de los recursos públicos y la Declaración Jurada de Patrimonio. Para la Cámara de Cuentas, el objetivo es claro: que su personal técnico domine el nuevo marco legal para que la fiscalización sea más sólida, más justa y más difícil de cuestionar en los tribunales.