El Gobierno lleva al Senado un proyecto que castiga con hasta 20 años reclutar menores para grupos armados

El Gobierno depositó en el Senado un proyecto de ley que tipifica y sanciona con penas de 15 a 20 años de prisión el reclutamiento, la utilización, la incorporación y la retención de menores de 18 años por parte de grupos armados irregulares y organizaciones delictivas.

La iniciativa, que busca blindar a la niñez frente a la captación criminal, contempla penas de 20 a 30 años cuando concurren agravantes: que la víctima tenga menos de 14 años, que haya violencia, amenazas, secuestro o privación ilegítima de libertad, que el menor sea destinado a delitos graves como homicidio, extorsión o narcotráfico, o que el responsable se aproveche de la pobreza extrema, el abandono o la vulnerabilidad del menor.

También se consideran agravantes la captación por medios digitales y que el autor sea una persona con autoridad, custodia o confianza sobre la víctima. Como formas de cometer el delito, el texto incluye la captación mediante engaños, promesas, intimidación o presión grupal, así como el contacto a través de redes sociales, mensajería y otras plataformas digitales.

El punto más novedoso es la protección de las víctimas: los menores reclutados no serán penalmente responsables por los hechos cometidos como consecuencia directa del sometimiento, la coacción o la instrumentalización, aunque hayan participado en actos violentos. Tampoco podrán recibir castigos por su sola vinculación, permanencia, fuga o desvinculación del grupo.

En cambio, deberán recibir medidas de protección, atención médica y psicológica, restitución de derechos y reintegración social, y los tribunales podrán imponer a los responsables la inhabilitación para ejercer funciones relacionadas con el cuidado, la formación o la custodia de menores, además de la reparación de los daños.

La propuesta se fundamenta en la protección reforzada de los derechos de niños, niñas y adolescentes que establecen la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño, y ahora queda en manos de los senadores su estudio y eventual aprobación.