Gobierno busca blindar la economía con el BID: Magín Díaz pacta asistencia técnica ante el alza de los combustibles

Desde Bangkok, el Gobierno dominicano movió piezas para proteger el bolsillo del país ante la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, acordaron este martes una estrategia de cooperación técnica orientada a mitigar el impacto que las fluctuaciones energéticas están teniendo sobre la economía nacional.
El encuentro de trabajo se produjo en el marco de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se desarrollan del 12 al 18 de octubre en la capital tailandesa. Allí, Díaz le solicitó al organismo multilateral apoyo técnico para mejorar la focalización de los subsidios sociales y estructurar instrumentos que permitan preservar el espacio fiscal, reducir los riesgos para la inversión pública y proteger a los sectores más vulnerables ante escenarios de volatilidad en los mercados internacionales.
En la reunión también se puso sobre la mesa la agenda de crecimiento económico de largo plazo del país, la Meta RD 2036, y cómo esta puede articularse con la iniciativa LAC CRECE que el Grupo BID impulsa entre sus países miembros. Se destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en áreas como la atracción de inversiones, el desarrollo de zonas francas y el impulso a la productividad.
Otro punto relevante del diálogo fue el estado de la cartera de proyectos financiados por el BID en el país, que comprende 22 proyectos por un monto de 3,162 millones de dólares. Las autoridades destacaron la aceleración de los recursos ejecutados, que pasó del 45 % del presupuesto asignado en el período 2020-2022 al 78 % en el 2026, una señal del ritmo de desembolsos que el organismo mantiene con la República Dominicana.
El ministro Díaz estuvo acompañado de la viceministra de Crédito Público, María José Martínez. La estrategia acordada busca fortalecer la capacidad de respuesta de la economía dominicana frente a las variaciones de los precios energéticos, sin comprometer los recursos necesarios para financiar las prioridades públicas del Estado.




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