Gobierno deposita en el Senado el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial: prohibirá residenciales sin agua ni drenaje

El Poder Ejecutivo depositó este jueves ante el Senado de la República el anteproyecto de ley que aprueba el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), una iniciativa que busca poner fin a la expansión urbana desordenada y prohibir la construcción de residenciales sin servicios básicos garantizados.

El documento fue entregado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, quien informó que el proyecto se publicará en el portal oficial del Senado para someterlo a consulta pública y recibir observaciones de la ciudadanía.

La propuesta establece que los instrumentos de ordenamiento territorial deberán garantizar el acceso efectivo de la población a viviendas adecuadas, agua potable, drenaje pluvial, movilidad y manejo de desechos antes de autorizar nuevos proyectos residenciales. También ordena al Gobierno y a las alcaldías crear un inventario de terrenos destinados a fines públicos, con reserva obligatoria de espacios verdes, parques, escuelas, centros de salud y viviendas de interés social.

El plan, aprobado por el Consejo de Ministros el 17 de septiembre, identifica seis corredores territoriales estratégicos: el Central, entre Santiago y Santo Domingo; el de la Costa Atlántica, entre Puerto Plata y Samaná; el de la Zona Este, entre San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo e Higüey; el de la región Ozama-Valdesia-Higuamo; los corredores transfronterizos y el corredor Atlántico-Caribe.

Asimismo, dispone que la inversión pública deberá guardar coherencia con las prioridades territoriales definidas en el plan y contempla la protección de suelos de alta capacidad agrícola, humedales, manglares, cuencas hidrográficas y zonas de recarga de agua. El ministro Paliza destacó que la República Dominicana tiene una densidad estimada de 240 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que obliga al Estado a planificar cuidadosamente el crecimiento económico y la preservación de los recursos naturales. La iniciativa se sustenta en los artículos 193 y 194 de la Constitución y en la Ley 368-22.