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La JCE garantiza que el chip de la nueva cédula no se puede clonar ni falsificar

Santo Domingo. La Junta Central Electoral salió al frente este martes para despejar las dudas sobre la seguridad de la nueva cédula de identidad y electoral: aseguró de forma categórica que su chip no presenta vulnerabilidades que comprometan los datos personales de los ciudadanos ni permitan su clonación o falsificación. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el organismo explicó que llegó a esa conclusión tras examinar los documentos técnicos publicados por la empresa FACTOR Inc., consultar al consorcio EMDOC, adjudicatario de la licitación internacional del proyecto, y a expertos internacionales en criptografía y documentos de identidad.

La Junta detalló que los datos de identidad y el mecanismo que impide copiar el chip están protegidos con criptografía de curva elíptica, conforme a los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional y de la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania. Cada chip, además, cuenta con una clave única que no puede extraerse. Sobre los cuestionamientos de FACTOR Inc., la institución sostuvo que el propio material técnico publicado por esa empresa confirma que los intentos de alterar los datos, romper el canal seguro de comunicación o falsificar la firma institucional fueron rechazados por la cédula, y aclaró que ninguno de los escenarios planteados se ejecutó contra un sistema real en funcionamiento.

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La JCE indicó que, junto con el consorcio, ha realizado diversas auditorías de seguridad desde la contratación hasta la fase de implementación, aunque los resultados son confidenciales por tratarse de un asunto de seguridad nacional, la misma reserva que aplica a las medidas de seguridad forense de niveles 2 y 3 del documento. Como respaldo adicional, recordó que la nueva cédula recibió el reconocimiento de Mejor Documento de Identidad 2026 en Latinoamérica, otorgado por Reconnaissance International durante el foro High Security Printing Latin America 2026. El organismo reiteró que el proyecto es una cuestión de Estado, soberanía y seguridad nacional, y se reservó el derecho de acudir a las vías legales correspondientes.

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