Omega lleva a los tribunales a Allegro Music y Planet Records por los derechos de sus canciones

El merenguero urbano Omega El Fuerte llevó a los tribunales su larga disputa por los derechos de su música. El artista, cuyo nombre real es Antonio Piter de la Rosa, presentó una querella penal con constitución en actor civil contra José Altagracia Montaño Valdez, Roberto Ferrante y Anna Rinauro, así como contra varias empresas vinculadas a Allegro Music y Planet Records, a quienes acusa de registrar y explotar sus obras sin su autorización.
La acción fue depositada por su abogado, Wagner Rodríguez Mancebo, ante la Unidad de Propiedad Intelectual y Delitos Especiales de la Fiscalía del Distrito Nacional. En el documento, Omega reclama una indemnización de cinco millones de dólares por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, además de la devolución de las ganancias que, según alega, terceros obtuvieron con su catálogo.
Uno de los puntos centrales del caso es el contrato que el cantante firmó en 2005 con Allegro Productions para grabar cinco producciones musicales, un compromiso que el artista asegura haber cumplido y que, según su defensa, no incluía una cesión de sus derechos editoriales. La querella sostiene además que Omega nunca firmó un contrato editorial con Montaño Publishing Inc.
De acuerdo con los documentos aportados al expediente, decenas de composiciones del artista aparecen registradas a nombre de Canciones Allegro Music en sociedades internacionales de gestión colectiva: 100 obras en SIAE de Italia, 82 en BMI de Estados Unidos, 67 en SGAE de España, 47 en GEMA de Alemania, 22 en SOCAN de Canadá y 19 en SACEM de Francia.
La defensa también señala que en plataformas como Spotify y YouTube Music el productor Roberto Ferrante figura acreditado como artista principal, autor o intérprete en al menos cuatro temas del repertorio de Omega: «Estrellita de Madrugada», «Pegao / Me Miró y la Miré», «Si Te Vas / Qué Tengo Que Hacer» y «Tú Me Quieres». La querella se fundamenta en la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código Penal, y pide al Ministerio Público rastrear las regalías de esas obras.




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