Un pacto a diez años contra la inseguridad: el CRD propone llevar la prevención a política de Estado

La inseguridad ciudadana, el tema que más preocupa a los dominicanos según las encuestas, volvió al centro del debate este sábado con una propuesta ambiciosa: el Consejo Regional de Desarrollo (CRD) planteó la firma de un pacto nacional por la seguridad ciudadana y la ejecución de un plan decenal para el período 2026-2036, con el objetivo de convertir la prevención de la violencia en una política de Estado.

La iniciativa fue presentada por Ysócrates Andrés Peña Reyes, director general del organismo, y Juan Alfonso Mera Montero, coordinador de estrategias de desarrollo de instituciones empresariales y comerciales. El documento contempla doce ejes estratégicos que abarcan la familia, la educación, el empleo, la justicia, la modernización policial y la participación comunitaria.

Entre las medidas más llamativas figura la creación de centros provinciales de atención familiar, con servicios gratuitos de psicología, mediación y asistencia legal, y programas de intervención en cien barrios identificados como de alta incidencia delictiva. También se propone otorgar ayudas mensuales de 3,000 pesos a cinco mil familias, condicionadas a que sus hijos permanezcan en la escuela y a que en el hogar no haya violencia.

En materia de empleo, el CRD sugiere subsidiar durante seis meses el 50 por ciento del salario de jóvenes contratados por empresas privadas y crear un fondo de 200 millones de pesos para financiar mil emprendimientos juveniles. La idea es atacar de raíz el reclutamiento de menores por estructuras criminales.

El plan no olvida a la Policía Nacional: propone un salario base mínimo de 40,000 pesos netos, ascensos por mérito, patrullaje por cuadrantes, uso obligatorio de cámaras corporales y más formación en derechos humanos.

Como eje central, el pacto involucraría al Poder Ejecutivo, el Congreso, los partidos, el empresariado, las iglesias, las universidades y la sociedad civil, con metas verificables para reducir homicidios y feminicidios, bajar la deserción escolar y un presupuesto plurianual sujeto a auditorías independientes. La apuesta es que la seguridad sobreviva a los cambios de gobierno.