El Supremo sepulta el recurso de Vox y confirma que Puigdemont puede volver a España

El Tribunal Supremo de España ratificó el lunes 19 de octubre que la ley de amnistía es aplicable al expresidente catalán Carles Puigdemont, sepultando el intento de Vox de mantener viva la orden de detención contra el líder de Junts. El magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, desestimó en un nuevo auto el recurso de la acusación popular de Vox contra su decisión del pasado 6 de octubre, que había dejado sin efecto provisionalmente las órdenes nacionales de busca y captura.
Llarena entiende que el caso de Puigdemont es extensible a la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación, la misma que benefició a la exconsejera Dolors Bassa. El juez dejó claro que la doctrina del Constitucional "debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya", y que ninguna discrepancia puede condicionar o retrasar su cumplimiento. El levantamiento de las cautelares abarca también a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, exiliados junto a Puigdemont en Bélgica desde 2017.
El instructor, sin embargo, puso un matiz importante: el auto se limita a alzar las órdenes de detención y no pone fin formal al sumario. El expediente pasará ahora a la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal Supremo, el órgano competente que deberá pronunciarse sobre la extinción definitiva de la responsabilidad penal y el sobreseimiento que corresponda. Puigdemont, por ahora, ha optado por esperar en Bélgica a que la causa quede archivada de forma definitiva antes de poner un pie en territorio español.
El fallo llega en plena campaña hacia las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, donde el regreso del 'expresident' amenaza con convertirse en uno de los episodios políticos más incómodos de la contienda. El propio Puigdemont celebró que la amnistía supone "la derrota de los diversos poderes públicos que han impedido y retrasado" su aplicación, mientras el PP carga contra una medida de gracia que considera un engaño del gobierno de Pedro Sánchez.




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